Las intoxicaciones recientes de niños y jóvenes son una consecuencia de la inacción prolongada e indolencia del Estado y las empresas desde 2011, cuando casi 50 estudiantes y profesores de la Escuela de La Greda resultaron intoxicados. Los estudios realizados por el Ministerio del Medio Ambiente en escuelas, hospitales y centros comunitarios al año siguiente revelaron los riesgos, pero estas señales fueron ignoradas hasta agosto de 2018, cuando una vez más más hubieron más de 1000 casos de intoxicación. A pesar de esto, los intentos por aprobar un nuevo Plan de Descontaminación fueron impugnados dos veces por la Contraloría de la República debido a la falta de precisión en la cuantificación de las emisiones reales generadas por estas empresas.  

 

Las acciones fallidas hasta ahora evidencian las limitaciones del Estado para resolver la crisis y el daño crónico en estas comunidades. ¿Cómo puede el Estado garantizar el cumplimiento de derechos y reparar el daño cuando dos de las tres empresas involucradas son estatales? Según los datos proporcionados por el Ministerio de Medio Ambiente en los planes de descontaminación, las empresas nacionales CODELCO y ENAP, junto con la transnacional Andes Gener (antes AES Gener), son responsables de más del 97% de las emisiones contaminantes. Estas contradicciones dentro del propio Estado y la subordinación de las políticas ambientales a los intereses minero-energéticos son la causa principal de la falta de acción y los fracasos en la recuperación ambiental y social de dos comunas.  

 

Esta contradicción se refleja claramente en los discursos durante el cierre de la fundición Ventanas. Las declaraciones de los representantes de los sindicatos mineros y de la autoridad de minería revelan cómo el enfoque minero-energético prevalece sobre el enfoque ambiental aprobado en la década de 1990. Las palabras de los trabajadores mineros acusando a los ambientalistas muestran su falta de comprensión sobre la decisión de cierre, argumentando que «cumplen con la norma». Esto plantea la pregunta: ¿a qué norma se refiere? ¿A la norma ISO que regula las actividades mineras o a la norma de 1994, que no cumple con los estándares mínimos para garantizar el derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación? Las declaraciones no solo demuestran su desconexión con los estándares internacionales establecidos por organismos como la OMS, los derechos ambientales de tercera generación de la ONU y las exigencias específicas de la OCDE en materia ambiental, de la cual Chile es miembro desde 2010, sino que también ignoran el sufrimiento experimentado por la comunidad afectada de forma sistemática.  

 

Existen propuestas para avanzar de una zona de sacrificio a una zona de recuperación socioambiental que han sido planteadas por las propias comunidades desde hace tiempo: participación vinculante de las comunidades en la toma de decisiones; el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema; una legislación especial para la recuperación de Quintero-Puchuncaví con un presupuesto adecuado; medidas complementarias para prevenir el funcionamiento de las empresas durante las emergencias; sistemas de monitoreo exhaustivo de contaminantes; estudios epidemiológicos para seguir la salud de la población afectada; protección de los sitios geológicos y la biodiversidad para la recuperación de las economías locales a partir de la pesca artesanal, la agricultura y el turismo.  

 

Para lograr esta recuperación integral, es necesario reconocer la degradación y contar con un compromiso efectivo por parte de los sectores responsables, especialmente el sector minero-energético. Además, es fundamental la participación de los actores portuarios y las empresas asociadas a sustancias tóxicas y peligrosas que forman parte del Complejo Industrial Ventanas. La institucionalidad también debe replantear el papel subordinado y marginal del Programa para la Recuperación Ambiental y Social, que actualmente se encuentra al final de la jerarquía del Ministerio de Medio Ambiente, y fortalecer la participación social. Esperemos que el sector minero-energético, tanto público como privado, reflexione sobre sus acciones y se solidarice con la justicia ambiental a la que todos debemos aspirar. No debemos normalizar los hechos y discursos actuales, sino avanzar hacia la recuperación de estas comunidades.