Estudio describe riesgo socioambiental de perros y gatos en la Región de La Araucanía
Publicado : 29 septiembre 2021
El Enfoque de Regulación de Riesgos (ERR) -desde el área de las ciencias sociales- busca indagar empíricamente sistemas y dominios ambientales, económicos, de salud y política, entre otros. «Herramienta que permite analizar la gobernanza ambiental en un país como el nuestro y visualizar cómo se dejan espacios de riesgos sociosanitarios y de salud pública sin regulación, o, más bien, infra regulados» señala Felipe Sáez-Ardura, investigador de la Universidad Autónoma de Chile.
Según estadísticas existirían unos 80 mil perros en la comuna de Temuco -59.000 con base en Censo 2012 más vagos- anualmente se realizan unas 4.900 esterilizaciones, lo que es poco si se considera los números «los perros son (y seguirán siendo) un problema de salud si no se hace algo» declara Felipe Sáez-Ardura, uno de los autores de un artículo que evalúa el tema desde el ERR.
El estudio da cuenta de las condiciones en la que se pueden encontrar las capacidades o incapacidades regulatorias de los Estados en esta materia, «si bien el programa de tenencia responsable es un avance, aún no se puede considerar una política de riesgo» agrega el investigador.
El caso de la tenencia de animales de compañía y la existencia de perros callejeros en todo Chile demuestra que, según Felipe Sáez-Ardura, «para avanzar en materia de políticas del riesgo, no sólo hay que atender a los grandes problemas regulatorios, sino que también a aquellos asuntos públicos que, a primera vista, pueden parecer secundarios, pero en esencia no lo son».
Es así como a través de una metodología cualitativa, entrevistas y un análisis de contenido, se configuró el régimen de regulación, dejando en evidencia avances en definiciones, el empleo de conocimiento experto y el cambio conductual de instituciones.
Sin embargo, el estudio también releva insuficiencias en las dificultades para generar información, los escasos recursos económicos y humanos, además de comportamientos punitivos que interfieren en el trabajo educativo-preventivo.
Según Felipe Sáez-Ardura se debe a que se los mecanismos legales se generan centralizadamente, sin atender a las necesidades y realidades territoriales. «Leyes que no vienen de la mano con un financiamiento sólido para las comunas de escasos recursos, como las de la Araucanía. Puede mejorarse insertando recursos frescos para contratación de técnicos y profesionales que controlen las malas prácticas de tenencia irresponsable. Actualmente sólo hay fondos concursables» analiza.
En términos de estructura, la regulación es a nivel municipal. Las formas en que se recopila y utiliza la información debieran tener en cuenta el diseñar estrategias de control, proponiendo iniciativas basadas en el conocimiento experto de los veterinarios.
Lo importante de la reflexividad que propicia el régimen es aclarar los criterios en los que se basa la regulación, a través de esfuerzos por incluir a los afectados y/o usuarios. En este caso, el régimen cumpliría con dicha condición, lo que indica que determinadas medidas para desbloquear la estructura tendrían un efecto regulatorio positivo, plantea el estudio.
«Esto es paradójico para Chile, ya que complementaría, por un lado, una dimensión normativa orientada a las consecuencias, y por otra, una dimensión democrática dirigida a brindar información importante para la regulación» plantea Felipe Sáez.
Y agrega: «es así como el uso del ERR nos permite destacar dimensiones como la prevención, la que refiere a las condiciones positivas del régimen, especialmente al trabajo con actores del territorio. También se evidencian comportamientos positivos asociados a cambios voluntarios, favoreciendo una tendencia parcial hacia la tenencia responsable».
Finalmente, hay dos opiniones respecto a las insuficiencias del régimen descritas y analizadas en el estudio. La optimista expone que el problema es solucionable en el corto plazo (2-5 años), lo que requeriría una pronta modificación de los modelos institucionales para la regulación. La pesimista, apuesta por un período más largo (10-30 años), con la expectativa de que las prácticas institucionales del régimen se mantengan iguales. Independiente, la evidencia sugiere que las modificaciones institucionales y sociales de los comportamientos reflejan un régimen que estaría logrando sus objetivos.