Así, como una cuestión necesaria y adeudada desde antiguo, llegaría con este proyecto el término de vigencia en nuestro ordenamiento jurídico de la Ley de Menores, originaria de 1967. Este punto es relevante por dos razones. Por un lado, desde 2015 el Comité de Derechos del Niño ha expresado a Chile la necesidad de abandonar el paradigma tutelar eje de la Ley de Menores, conforme al cual se considera a los niños como objetos de protección y no como sujetos de derecho. Bajo esta visión, no se considera a los niños como personas con derechos por el solo hecho de ser niños, sino más bien lo que se propone son mandatos de intervención, aislamiento y separación en aquellos que sufren circunstancias complejas. Son auxilios y no derechos. Por otro lado, e incluso de manera más relevante, está el hecho de que conforme a esta norma se han dado los razonamientos más atroces del sistema, manifestado especialmente en la masiva tendencia de institucionalización de niños en centros residenciales por motivos que muchas veces cuesta entender, como son la pobreza o discapacidad de los progenitores.  

El cambio es profundo en cuanto no pretende solo agregar nuevos artículos en las normas, sino también ser una reforma de ajustes, y si se quiere, de perspectivas. Es una reconsideración a las visiones y el funcionamiento que se debe tener respecto de los niños, esta vez, como personas con derechos, haciendo gala de los presupuestos de la Convención de Derechos que ya cumplió 30 años en nuestro sistema. La reforma no consiste en tratar los niños como iguales a los adultos, ni tampoco desconocer la necesidad de protección que ameritan por su especial situación de vulnerabilidad. El corazón del trabajo está centrado en reconocer que las medidas que se impongan sean necesarias y que consideren no solo derechos, sino a la persona y dignidad del niño.  

Con esperanza seguiremos la discusión del proyecto en la sede legislativa todos quienes tuvimos oportunidad de participar en su elaboración y, espero, que también la sociedad toda. Confío en que se entenderá la relevancia de realizar los ajustes propuestos y no demorará como lo ha hecho con la designación del Defensor/a de la Niñez, que espera desde hace casi seis meses su decisión en el Congreso.