Necesitamos reformar nuestra ley de protección de datos personales
La pandemia ha cambiado muchos escenarios de nuestras vidas, pero quizás ha evidenciado con creces la aceleración tecnológica en nuestro quehacer, especialmente, para enfrentar con distancia física los retos laborales, educacionales, médicos, culturales o recreacionales. Y en medio de esas interacciones digitalizadas, miles de millones de datos cruzan fronteras, océanos y mares, mientras data centers conectan a personas en sus teléfonos, computadores, tablets y televisores.
Esa ley nació con déficits importantes. En particular, carece de un fuerte régimen de infracciones y sanciones y de una autoridad de control independiente, que tenga las competencias para fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la ley. Sin estas condiciones mínimas, es muy difícil que se cumplan las normas sobre protección de datos personales.
El Congreso Nacional lleva más de 10 años discutiendo sobre la reforma a la protección de datos personales. Entre medio, muchas cosas han sucedido en el mundo. Europa, por ejemplo, modificó su regulación y actualmente tiene un Reglamento General de Protección de Datos que es probablemente el estándar más alto de protección de datos personales en el mundo. En nuestro país, por otro lado, se reformó la Constitución y se consagró el derecho constitucional a la protección de datos personales. Dicha reforma incluyó un mandato preciso al legislador con el objeto de asegurar las condiciones para la efectiva garantía de la información personal. Sin embargo, a dos años de esa reforma, el proyecto de ley que actualiza nuestra normativa sobre la materia sigue empantanado en el Senado.
Hoy no es posible pensar en nuestras vidas sin esas complejas operaciones de tratamientos de datos que hacen viable desde el teletrabajo hasta la entretención digital. Por eso, aunque la pandemia dicta necesidades urgentes que atender, es necesario recordar esta reforma. Sin ella, nuestra información personal se expondrá, crecientemente, a los peligros de una vida digitalizada. Con ello, el derecho constitucional a la protección de datos personales quedará en letra muerta.