Por otro lado, la polémica correlación entre discapacidad y pobreza ha generado discusión desde tiempos inmemoriales: Algunos grupos afirman que cuando una persona tiene una discapacidad es más fácil que no haya completado su educación primaria, que carezca de calificación profesional, y, en consecuencia, que se encuentre desempleado. Mientras que otros afirman que ese tipo de afirmaciones solo reflejan un estilo de prejuicio que está instalado en nuestra sociedad.

¿De qué forma la comunidad internacional se ha hecho presente en este tipo de discusiones? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, desde su entrada en vigor en 2008, ha sido un reflejo de un interés por entregar mayor protección y amparo a todos los ciudadanos y trabajadores en situación de discapacidad. No obstante, nuevamente para algunos no ha tenido el suficiente eco, menos reflejado resultados concretos.

El Derecho Internacional, consigue a través de relatores, informes y la asistencia del Consejo de Derechos Humanos, transparentar los espacios grises donde la seguridad humana aún no está garantizada.

El Derecho Internacional, en su nueva etapa vinculada al desarrollo sustentable y al fortalecimiento de los todos los grupos sociales, consigue a través de relatores, informes y la asistencia del Consejo de Derechos Humanos, transparentar los espacios grises donde la seguridad humana aún no está garantizada. Gracias a esta visibilidad son pocos los Estados que quedan rezagados y se les impulsa a solicitar asistencia internacional para cumplir con las grandes premisas de la Carta de Naciones Unidas.

En cualquier caso, muchos de estos derechos requieren gran implicación por parte de las empresas, y el Estado debe estar vigilante y no olvidar sus compromisos. Somos testigos de cómo se ha trasladado su acción a la exclusiva protección de migrantes, pero no se puede levantar un manto de olvido a las personas, trabajadores y familias en situación de discapacidad.