La propuesta de conmemorar el Día Mundial de la Población el 11 de julio fue realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1989 (Decisión 89/46), luego por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas No. 45/2016 de 1990, se destacan diversos aspectos esenciales a considerar por los Estados al momento de definir sus políticas de población, entre ellos, por ejemplo la salud, la educación, la planificación familiar, el desarrollo sostenible, el crecimiento económico. Ese mismo año, se publica por primera vez el Índice de Desarrollo Humano, el cual se ha convertido en una herramienta útil para comparar el progreso social o grado de desarrollo entre los países. Este considera tres esferas: la vida larga y saludable (indicador: esperanza de vida al nacer), la educación (indicadores: alfabetismo y matrícula primaria, secundaria y superior), y el nivel de vida digna (indicador: PBI per cápita).

Conforme a la última medición del año 2019, Chile se posiciona en el primer lugar dentro de la región sudamericana y, 42 a nivel mundial (PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 2019, p. 25).  Sin lugar a duda, seguirá siendo un Estado de destino de la movilidad humana en la región una vez superada las restricciones y el confinamiento que nos ha impuesto la pandemia sanitaria del coronavirus. Por tanto, es relevante recordar la importancia de la protección de las personas migrantes, población en situación estructural de vulnerabilidad, lo cual justifica la creación de políticas e implementación de acciones que propendan a una real y efectiva inclusión y respeto de su dignidad humana.

Un grupo de investigadores dedicados al estudio de las políticas migratorias Migration Policy Group ha diseñado un índice de política de integración de migrantes a través de una serie de indicadores en ocho áreas: Movilidad del mercado laboral; reunión familiar; residencia a largo plazo; participación política; acceso a la nacionalidad; antidiscriminación; educación; salud. A fines de este año se presentarán los resultados de la última medición (2014-2019), proyecto en el cual he tenido la oportunidad de participar para la determinación del índice en Chile. Puedo adelantar, que si tomamos en consideración las normativas que regulan estas materias tenemos altos índices en políticas de acceso a la salud, normas que recogen el principio de igualdad y no discriminación, y procedimientos que posibilitan la obtención de residencia permanente y el acceso a la nacionalidad chilena; en contraste, índices muy bajos en materia de educación, acceso al mercado laboral, reunificación familiar y participación política.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pretende un futuro mejor para toda la población mundial, incluida la población migrante (objetivo 10). Por tanto, en materia de movilidad humana debemos recordar que la dignidad humana no conoce distinciones debido a nacionalidades o ciudadanías; al contrario, promover la erradicación de desigualdades y la creación de políticas, planes y acciones de inclusión es un imperativo desde una perspectiva de derechos humanos. Por cierto, una de las metas de aquí a 2030, es “potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición”.