Trabajo informal: acciones desde el Estado

Las restricciones de movilización y cuarentenas totales, acciones para combatir el coronavirus, también han provocado un alto nivel de desempleo en diferentes actividades económicas. En respuesta el Estado ha generado políticas públicas como la Ley de Protección del Empleo y el Subsidio de Contratación. Estas medidas solo disminuyen los problemas de empleabilidad formal pero no considera a la informalidad, grupos de ingresos variables y comerciales ambulantes: casi un quinto de la fuerza laboral.

Cabe señalar que, en materia de protección social, se han realizado una serie de iniciativas que se centran en atender de manera económica los problemas originados por las condiciones epidemiológicas. En este sentido, se generó el Ingreso Familiar de Emergencia para hogares vulnerables, bono de apoyo a los beneficiarios del Subsidio Único Familiar, así como del Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Se estableció además un fondo solidario de 100 millones de dólares a los Municipios para proveer ayuda focalizada a las familias más pobres. Y no podemos olvidar, que se agregan exenciones tributarias para la protección económica social de las PYMES.

Sin perjuicio de lo anterior, no ha existido ninguna política de Estado que se enfoque a combatir la precarización del empleo en base de las consecuencias económicas de los confinamientos. Las políticas en la materia no apuntan a apoyos en la regulación de este tipo de actividades, mediante programas de legalización de estos trabajos o de reconversión laboral para que las personas puedan acceder a empleos dentro del mercado formal.

Pablo Cornejo y Diego Durán, Grupo de investigación Unidad de Análisis del Rol del Estado de Chile (UA-RECHI), Universidad Autónoma de Chile

Carta publicada en El Mercurio de Valparaíso y Diario de Concepción

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