Es así como las estrategias de regulación reflejan las consecuencias más que las causas de los problemas, cumpliendo con las demandas que surgen caso a caso en los procesos, tal como sucede con la tenencia responsable de perros y gatos. ¿Cómo evaluamos el impacto de los programas, si no tenemos cuantificada la magnitud del problema? ¿Hasta qué punto se están logrando los objetivos de cambio de comportamiento de las personas y comunidades?

Una práctica común en Chile es crear leyes regulatorias sin brindar financiamiento para asegurar su aplicación en regiones, afectando, principalmente, la fiscalización que los municipios pequeños debieran desplegar en sus territorios, ya que no pueden realizar controles regulares con inspectores a tiempo completo.

El Programa de Tenencia Responsable de Mascotas (PTRAC) requiere para su operación el registro permanente, basándose en el comportamiento reactivo de las personas que solicitan la implantación de chips en perros y gatos, como exige la ley.

El cumplimiento obligatorio de los requisitos legales fortalece la responsabilidad para registrar y esterilizar a los animales, en un área donde el incumplimiento sería un comportamiento clave. Aun así, algunas actitudes de las personas son difíciles de cambiar.

Hay predisposiciones culturales que siguen presentes, como que un perro guardián será menos agresivo si se castra; también aparecen nuevos comportamientos ligados a la desregulación, como el abandono de mascotas por el alto costo de la tenencia responsable. Las tradiciones normativas y culturales desalientan el adherirse voluntariamente a esta tenencia responsable, cumpliendo la norma bajo formas de sanción que, en Chile, es prácticamente inexistente.

El sistema responsabiliza a los dueños de sus animales, tanto en términos sociosanitarios como en el tipo de información que se les proporciona, pero ¿y los perros vagos? Al levantar información formal e informal en las comunidades, se refleja que los perros vagabundos son un problema que afecta la calidad de vida de las personas y comunidades vecinales.

Además, la configuración sociocultural del territorio define en qué medida se reconoce o no la categoría de perro vago o callejero, ya que hay partes donde no existe la distinción entre perros vagos y mascotas, relativizando la condición de esta última.

Los perros son (y seguirán siendo) un problema de salud si no se hace algo. Existen avances: en definiciones, empleo de conocimiento experto y el cambio conductual de las instituciones implicadas en la regulación. Sin embargo, hay limitaciones, las cuales estarían asociadas a dificultades para generar información, escases de recursos económicos y humanos –sobre todo en municipios y comunas pequeños, con presupuestos limitados–, además de comportamientos punitivos que interfieren en el trabajo educativo-preventivo. Son temas que necesitamos abordar desde un análisis profundo sobre cómo estamos definiendo las estrategias de regulación de riesgos socioambientales de alcance medio.