Gobierno abierto: municipalidades cumplen, pero no promueven iniciativas de participación
Publicado : 10 septiembre 2021
Tercera versión del Índice Institucional de Gobierno Abierto Municipal (iigam) concluye que existe un alto cumplimiento de lo formal en temas de participación pública y transparencia en las municipalidades chilenas, pero muy bajo desarrollo de iniciativas propias.
Solo 25 de 345 municipalidades de Chile tienen un nivel alto de cumplimiento frente a las obligaciones sobre participación y transparencia establecidas en las diversas legislaciones que norman la temática. La gran mayoría se encuentra en un desarrollo medio-alto, casi un 60% entre el 50% y el 75% de cumplimiento. Entre las comunas más abiertas a la ciudadanía están La Cisterna y La Serena.
Son parte de las conclusiones del Índice Institucional de Gobierno Abierto Municipal (iigam) desarrollado por la Universidad Autónoma de Chile y disponible para descarga gratuita desde la editorial de la misma casa de estudios.
El documento plantea que -al igual que en las dos mediciones pasadas- entre los primeros 20 casos de alto cumplimiento e implementación se encuentra una gran variedad de comunas, de todas partes de Chile y con distinto nivel de desarrollo, «con esto, se observa que el desarrollo de estas iniciativas de participación y transparencia pueden surgir en cualquier municipalidad, y no es exclusivo de aquellas con mayores recursos».
La mayoría de las municipalidades poseen una ordenanza que regula los mecanismos de participación mandatados por ley (92%), pero son muy escasas las que generan en dicha normativa mecanismos propios de participación (32%), y mucho menos aún, las que, efectivamente, las han implementado durante el último año (17%),
«Se hace evidente que, aunque existen incentivos para el cumplimiento formal de las normas, existen muy pocos para la innovación y el desarrollo de iniciativas propias por parte de las municipalidades» señala el texto, el marco legal actual establece requerimientos, pero no estaría incentivando la innovación a nivel municipal.
En este sentido destaca que las variables asociadas a sanciones (acceso a la información y probidad) son las con mayor cumplimiento versus las que integran iniciativas locales, mecanismos propios de participación o incidencia ciudadana y buenas prácticas. Otras investigaciones desarrolladas sobre estos datos han detectado razones importantes para tener en cuenta, como la voluntad política de los alcaldes o la iniciativa de funcionarios municipales.
¿Qué mide el estudio?
Esta investigación se enfoca en variables que buscan identificar la oferta, desde las municipalidades, para el acceso ciudadano a los asuntos locales. Es una revisión de los aspectos formales: implementación de herramientas, mecanismos o espacios que busquen tanto el acceso a la información pública, como sobre la capacidad ciudadana de expresar su voz, su interés, sus problemas y sus puntos de vista.
«El centro del Gobierno Abierto es el acceso, tanto a la información como a la toma de decisiones. Un gobierno puede considerarse abierto cuando los actores externos pueden monitorear e influir en los procesos públicos, y entendemos que el cumplimiento de las leyes estudiadas ayudaría a generar dicho acceso» señala el texto.
La construcción de las variables incluyó encuestas virtuales a expertos tanto de la sociedad civil como de la academia y el informe fue revisado por las tres direcciones del Consejo para la Transparencia: Dirección de Estudios, Fiscalización y Promoción, Formación y Vinculación.
El estudio se enfoca en cuatro variables de medición: transparencia, acceso a la información, probidad y participación pública. Para el primero se basaron en los datos disponibles por Transparencia Activa y buenas prácticas. En el caso del acceso, en la obligación de las municipalidades de responder las solicitudes de información realizadas desde la ciudadanía, dentro de los parámetros establecidos por la ley se utilizó la metodología de usuario simulado, se realizaron solicitudes a todas las municipalidades a través de una pregunta estandarizada, lo que permitió generar dos variables de medición: tiempo y calidad de la respuesta.
En la categoría probidad y declaraciones de conflicto de interés se revisó las declaraciones que, de manera obligatoria, deben presentar tanto alcaldes como concejales. Dos variables se construyeron con esta información: el cumplimiento y la actualización durante el mismo año.
Mientras en participación pública se revisaron las ordenanzas municipales de participación ciudadana, observando si se recogen los cuatro mecanismos señalados explícitamente en la Ley 20.500: los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (cosoc), las audiencias públicas, las Oficinas de Información, Reclamos y Solicitudes (oirs) y los plebiscitos comunales.
Además, se revisaron los mecanismos que, partiendo de la iniciativa local, se plasman en las ordenanzas, midiendo a su vez su nivel de incidencia, dividido en tres niveles: información y consulta, involucramiento y colaboración, y empoderamiento. «Con este estudio se espera hacer un aporte a la comprensión de la apertura gubernamental y a sus implicancias para el nivel local de gobierno, permitiendo nuevos e innovadores acercamientos, sobre todo en un contexto de cambio y renovación institucional en el país» concluye el informe.
Descarga: https://doi.org/10.32457/UA.105