Previo a contestar esta pregunta, es necesario recordar que la Región de La Araucanía, que tiene un porcentaje de personas Mapuche del 34,3% según el Censo de 2017 (el más alto del país), es también la más pobre, con un 28,5% de la población en situación de pobreza multidimensional, según la encuesta Casen de 2017. Por otra parte, si bien la Región posee la red vial más extensa del país, con 12 mil kilómetros de caminos, posee al mismo tiempo un aislamiento social y económico importante, donde el Estado no ha alcanzado a extender su red de apoyo para contener la vulnerabilidad social.

Los desalojos de las municipalidades tomadas de Curacautín, Victoria, Traiguén y Ercilla, por una parte, y la recrudecida serie de ataques a personas y atentados a maquinaria de transporte y agrícola, por otra, muestran dos verdades evidentes: ya no son solamente fuerzas paramilitares o comandos aislados, sino que la población ha empezado a participar de modo más generalizado de la violencia. Y, en segundo lugar, no solo el Estado de Derecho, sino que el Estado en sí ha estado ausente en el peor momento posible de dicho conflicto. Según el modelo de escalada de conflicto de Glasl, consistente en 9 etapas, nos encontramos en transición desde la etapa 6 consistente en amenazas, hacia la etapa 7 de ataques locales. Actualmente, estamos transitando hacia una fase en la que solo podemos perder y si el Estado no interviene, desescalando e implementando políticas de desarrollo de largo plazo, entonces no es de extrañar que los individuos más violentos de cualquier signo político dominen el discurso público y, con este, el curso de los acontecimientos.

Concordantemente, se deben ejecutar acciones que trasciendan de la crisis coyuntural, estableciendo como prioridad permanente la consolidación de nuestro Estado en el momento histórico actual. Esto significa asegurar las condiciones para la convivencia pacífica entre realidades distintas. En ese sentido, se debe comenzar con lo que Sebastián Donoso Rodríguez ha detallado como “la porfía del diálogo”: es absolutamente esencial sentarse a conversar y entender la realidad del otro, desde el chileno al mapuche, pero también del mapuche al chileno, haciéndose cargo de la particularidad que representa el hecho que no existe un solo interlocutor para el pueblo Mapuche, sino varios y que requieren todos ser igualmente escuchados. Una vez restablecido el diálogo, es necesario avanzar rápidamente en la toma de medidas concretas.

De acuerdo con lo anterior, los desafíos jurídicos para el Estado son dobles. Por una parte, garantizar el desarrollo sociocultural y económico de los integrantes del pueblo Mapuche. Nuestra Carta Fundamental ya establece, en su artículo 1° inciso 3°, que el Estado deberá “contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”. La vigencia de esta disposición, o de la equivalente en la eventual nueva Carta Fundamental, exige considerar la distinta cosmovisión de los ciudadanos de la República, para así garantizar su desarrollo social, cultural y espiritual a partir de esta realidad diversa. Desde esa base, es posible asegurar lo anterior, a través de políticas públicas que corrijan la grave desigualdad ya descrita.

Un segundo desafío consiste en individualizar las responsabilidades legales, tanto civiles como penales, por las graves injusticias que han afectado la Región. Esto implica, por una parte, perseguir y sancionar efectiva y proporcionalmente a quienes protagonizan hechos de gran violencia en la macrozona sur, y que pretenden arrogarse la titularidad de un conflicto y la vocería de un pueblo. Pero, por la otra, también castigar con dureza la discriminación y el fraude que se desarrolla en el contexto intercultural, que han contribuido a la pobreza y marginación de integrantes del pueblo Mapuche de la vida en común. Este segundo desafío es ineludible, pues la atribución de responsabilidades individuales permite delimitar las culpas y desactivar los estigmas colectivos.

Todo lo anterior busca garantizar un principio fundamental, que muchas veces ha estado ausente en la Araucanía y que hoy día parece tan esquivo en el resto de Chile: la justicia. El Derecho, que no es sino una herramienta para lograr dicho fin superior exige ser creado y aplicado racionalmente, con el fin de garantizar las condiciones esenciales para la subsistencia y desarrollo de todas las personas. En cuanto a la relación entre el Estado y el pueblo Mapuche la tarea es monumental, como pocas ha tenido históricamente Chile, pero también esencial para su subsistencia y la del grupo humano. Existirán costos políticos y económicos, posiblemente severos, pero sin duda serán mucho menores que los derivados de la inmovilidad de la sociedad y del Estado, silencio que ha sido respondido con la violencia.

El libro “Estado y pueblo Mapuche” es fruto de este anhelo de justicia. Constituye un esfuerzo colectivo de profesores, estudiantes e invitados de la Universidad Autónoma de Chile, que tematiza varios aspectos específicos de esta relación y formula propuestas de solución, con el fin de aportar en la construcción del nuevo y justo trato que debe primar en el futuro. Solo de esta manera, será posible construir un modelo de convivencia basado en el respeto recíproco y el crecimiento social, económico y cultural de todos.