El derecho humano a la ciencia

COVID-19 puso a la ciencia al centro del debate nacional. Qué es un virus, cómo se contagia, cuándo tendremos una vacuna, son hoy temas fundamentales no sólo para científicos – como lo fue históricamente – sino para autoridades políticas, económicas y público general.

Dr. Iván Suazo. Vicerrector de Investigación y Postgrado, Universidad Autónoma de Chile

¿Se incorporará también en el debate sobre lo que debiera o no incorporar la nueva Constitución si es que se aprueba su redacción? La ciencia es un derecho humano y debiera considerarse así en la carta magna.
 
La palabra ciencia entró en la visión de todas las naciones en 1945, cuando por sugerencia de la delegación británica, a la Organización Educativa y Cultural de la ONU se le sumó la ciencia, dando lugar a la UNESCO.
 
Era impensable, después del lanzamiento de la bomba atómica ese mismo año, no darse cuenta de que el conocimiento científico y la tecnología pueden modelar al mundo para bien o para mal. Así, en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se establece que “toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de el resulten”.
 
Años más tarde se incluyó en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, pero su complejidad teórica y la amplitud de sus implicaciones causaron que tuviese escaso desarrollo, hasta el extremo de hacer de este derecho un gran desconocido para la comunidad científica, los defensores de los derechos humanos, los diplomáticos y las autoridades nacionales e internacionales.
 
La ciencia es un derecho en si mismo, pero además tiene un rol fundamental en el desarrollo de otros derechos como la salud, la alimentación o el agua. Se debe garantizar el conocimiento, la divulgación, la calidad, el acceso y la participación, como el resto de los derechos. La ciencia está en el corazón de los derechos humanos desde el principio.
 
¿Qué dice la Constitución actual sobre ciencia? “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación (artículo 19, inciso 10)”. Además, en el inciso 25 se protege la propiedad sobre productos del trabajo científico y tecnológico. ¿Es suficiente? No.
 
Creemos que debiera estar de una forma más transversal y no sólo a limitarse a decir que al Estado le corresponde estimularla, sino que también debe darle el rol que tiene en todos los ámbitos de la vida. En general, los temas de ciencia y tecnología han estado siempre fuera del debate político porque no dan votos, según piensan algunos, pero este discurso generalizado ignora que podríamos decir que todo el desarrollo depende de los avances y la investigación científica.
 
Todo es ciencia, depende cómo se cuente, creo que los investigadores en este sentido debieran incorporar la divulgación del nuevo conocimiento como algo fundamental de su labor. El mundo moderno no puede comprenderse sin entender el papel de la ciencia, por ello resulta esencial que la sociedad chilena tome conciencia de su importancia y de su influencia.
 
Según la Segunda Encuesta de Percepción Social sobre Ciencia y Tecnología en Chile un 80,8% de los encuestados no conoce alguna institución que se dedique a hacer investigación científica y tecnológica en nuestro país. Es más, el 86% dijo no haber escuchado de CONICYT antes de la encuesta. Un 60,5% cree que los científicos se esfuerzan poco en informar al público sobre su trabajo y solo el 38,7% cree que ellos tienen suficiente espacio para divulgar su trabajo.
 
En este nuevo contrato social, los investigadores/as deben jugar un rol más activo como actores sociales, participando en diálogos transversales y comprometidos con la búsqueda de soluciones que contribuyan a transformar a Chile.
 
No es suficiente que su aporte consista en indicar el qué o por qué de las cosas, sino colaborar en el cómo debiera enfrentarse el futuro. Eso implica que los científicos se involucren en la política, asumiendo responsabilidades públicas, despojándose de la comodidad de la academia o la docencia.
 
La reciente creación del ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación supuso un paso en este sentido. Un avance por incorporar a la ciencia en instancias de decisión de políticas públicas aun así falta, muchas de nuestras leyes no incorporan la evidencia científica existente en las materias que tratan. Incluso aún falta una hoja de ruta clara a largo plazo, la Política Nacional no está definida.
 
En este sentido el marco constitucional debe permitir que el conocimiento científico sea una fuente necesaria para la formulación de leyes y políticas públicas.
 
¿Qué sistema de ciencia y tecnología queremos para nuestro país?
 
¿Cómo incluir a la ciencia y la tecnología como un eje transversal del plan nacional de desarrollo para que aporte soluciones de los grandes problemas del país?
 
Creo que es a través de la ciencia que podremos dejar de exportar materias, entregando valor agregado a nuestra industria y diversificando nuestra matriz económica.
 
El modelo de desarrollo futuro, el que definiremos en nuestra Constitución, debe incorporar a la creación de conocimiento en su rol como elemento base para dejar de depender de fuentes extranjeras, una dependencia que será una traba para crecer como país.
 
Columna publicada en Cooperativa.
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