Ciudadanía migrante

La población migrante representa el 8% total del país y cerca del 15% de chilenos tiene un papá o mamá extranjero, la población migrante son personas que aportan con su presencia y trabajo a Chile. La encuesta “voces migrantes” recientemente presentada por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) evidencia sus condiciones de vida, inserción y posiciones ideológicas sobre temáticas relevantes.

Dra. Andrea Avaria Saavedra. Doctora en antropología social. Investigadora Universidad Autónoma de Chile

Este grupo ha reaccionado con miedo a manifestarse, a plantearse públicamente, evidenciar en las calles las situaciones que les afectan y que comparten con los chilenos. El costo podría ser muy alto: la deportación. No cuentan con la legitimidad social, ni los derechos a un ejercicio de ciudadanía como cualquier residente regular de este país. Aun así, según la encuesta del SJM de los 1025 extranjeros entrevistados mayores de edad, se evidencia que más de la mitad (54,9) estaría dispuesto a ir a votar.

Mujeres y hombres migrantes comparten la realidad de vulnerabilidad de muchos compatriotas: subempleo y explotación laboral, problemas de vivienda, acceso salud, por mencionar algunas. Las condiciones de exclusión son semejantes a las que evidencia la actual demanda social y peores de acuerdo con los indicadores de pobreza multidimensional.

“Todos los migrantes tienen derecho a igual protección de todos sus derechos humanos. En este día insto a los líderes y a las personas de todo el mundo a que den vida al Pacto Mundial, para que la migración funcione para todos” señaló el secretario general de la ONU en la conmemoración del día Internacional, el día de hoy.

A dos meses del 18 de octubre en Chile, se hace indispensable sumar las experiencias de mujeres y hombres, de diversas edades y orígenes nacionales, reconocer sus presencias, posiciones, experiencias en los cabildos, en las calles de diversas comunas, las experiencias en sus propias realidades nacionales. La ciudadanía es un derecho. Necesitamos un marco legal que garantice las condiciones de reconocimiento, participación de la población inmigrante, la desigualdad, la falta de derechos, tiene múltiples costos transgeneracionales, individuales y colectivos que debemos considerar. La nueva constitución debe sin duda, asegurar los derechos de todos y todas quienes habitamos este país, sin importar el origen nacional.

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