Eric Latorre. Director de la carrera de Administración Pública y miembro del Grupo de Investigación del Rol del Estado Chileno de la Universidad Autónoma de Chile.

El Estado es un artefacto jurídico que organiza la sociedad, a través de la Constitución y las leyes. Considerando la tradición tomista más pura, “la ley no es más que una prescripción de la razón, en orden del Bien Común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad”.

En este mismo sentido, nuestra Constitución en su artículo 1º establece: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.

Estamos totalmente de acuerdo, que uno de los principios que rige el Estado de derecho es el de legalidad, entendiendo la ley como una estructura positiva, que nos protege del poder arbitrario de un tirano, de un sistema de abusos y nos da certezas respecto a la actuación de los Poderes del Estado y sus órganos, por lo que el cumplimiento estricto de este principio es fundamental. Sin embargo, nos parece más que obvio que las autoridades políticas, los directivos públicos, los tribunales y las cortes superiores, no son aplicadores de la ley como autómatas, sino que existe un proceso de racionalidad, de inteligencia, de eficiencia y de eficacia, que tiene por objetivo alcanzar el tan anhelado bien común.

Teniendo presente lo anterior, la semana pasada supimos de una carta donde 36 juristas defienden el actuar de la presidenta de la comisión que dejó en libertad a un asesino múltiple, haciendo énfasis en el apego a la legalidad de la decisión judicial adoptada, de lo cual no cabe duda que fue así, pero nada se dice respecto a que, si la comisión hubiese revisado más profundamente el informe de Gendarmería, hubiera pedido algún informe adicional para formarse convicción, también habría operado dentro de la legalidad vigente, es decir, no se les pide a los jueces que incumplan la ley, se les pide que sean diligentes e inteligentes en la aplicación de la misma.

En el caso de la presidenta de la comisión de libertad condicional, jueza Silvana Donoso, sabemos que en otros casos ha actuado diligentemente en la línea del activismo judicial, por lo que, sin hacer juicio sobre sus fallos, llama la atención que su espíritu garantista y activista no fuera más diligente para revisar con más cuidado el caso de la libertad de Bustamante.

Pero suma y sigue, se ha acusado a Gendarmería que sus informes sociopsicológicos eran “copy paste”, por lo que eventualmente eran poco creíbles, o sea, Gendarmería cumplió la ley, al entregar sus informes, pero habría operado con total falta de diligencia.

El Sename también cumplió con la ley, pero no logró proteger a Ámbar, quien deambuló por diversos programas del servicio, sin que recibiera el apoyo que necesitaba, que por lo demás son tercerizaciones, con sistemas de supervisión deficientes, y una gestión que claramente no cumple su rol de proteger a los niños y niñas vulnerables. En el caso de Sename, después de conocer los múltiples informes de la Corte Suprema sobre las vulneraciones sistemáticas de derechos de los niños en los centros tercerizados, las muertes que conocimos hace unos años, resulta una muy mala ironía su misión institucional: “Contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos, así como a la responsabilización e inclusión social de jóvenes que infringieron la ley…”. Es decir, Sename cumple con la ley, se hizo un acuerdo político por la infancia, pero hasta ahora seguimos con un sistema de protección totalmente deficiente y negligente, del que esta joven fue víctima como miles de otros menores de edad a nivel nacional.

Todo lo anterior nos lleva a dos reflexiones capitales: por un lado, la calidad de las leyes emanadas por parte de los distintos poderes del Estado competentes, que en muchos ámbitos son insuficientes en su contenido y alcance, muchas veces surgen de la coyuntura, presentan deficiencias técnicas o se derivan de concepciones economicistas mal entendidas, como la tercerización de servicios públicos que generalmente no apuntan al Bien Común, sino que solo resultan rentables para el privado que presta el servicio.

Por otra parte, la gestión pública no puede estar circunscrita a la aplicación automática de la norma (por algo usa el concepto de gestión) sino que también requiere voluntad, inteligencia, diligencia, eficiencia y eficacia, en la comprensión esencial que el Estado es el llamado primario, principal y final a proteger los derechos fundamentales que permitan alcanzar el anhelado bien común.

En síntesis, el rol del Estado sigue fallando y la falla se vuelve más grave cuando quienes deberían haber ejercido un papel preventivo, se escudan en que cumplieron con la ley y los procedimientos, como queriendo evitar su responsabilidad en la cadena de errores cómplices que, como un camino maldito, generaron las condiciones que permitieron al asesino quitar la vida de Ámbar, una niña vulnerable. Tal como lo dijo alguna vez Fouché, “peor que un crimen, fue un error”.

Columna publicada en El Mostrador