Acceso libre ¿cuánto?
La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) anunció la elaboración de una política de acceso abierto a la información científica y a datos de investigación financiados con fondos públicos, considera como principio que todo conocimiento financiado por el Estado debe reportar beneficios para la sociedad. El debate surge principalmente en cómo será este repositorio, qué puede o no incluir y cómo protege la propiedad intelectual y la privacidad de datos.
Según la ley de presupuesto 2019, Chile destinó alrededor de US$14 millones para el acceso a información electrónica para Ciencia y Tecnología, es decir, para acceder a revistas indexadas. Hoy, se usa dinero público para producir la investigación para luego pagar nuevamente para acceder al conocimiento. Esto quiere evitar la nueva política. Pero ¿qué pasa en aquellos casos en que hay posibilidad de patentar? ¿Y la propiedad intelectual? ¿Cómo se manejará en la política?
La propuesta actual, en consulta pública, señala que en caso de que las publicaciones estuviesen protegidas por derechos de propiedad industrial o intelectual y/o por acuerdos previos con terceros, los autores deberán proporcionar y autorizar el acceso público de los metadatos. Quedan excluidos de la obligación de compartirse aquellos datos de investigación que deban mantenerse en confidencialidad. Las razones deberán ser esgrimidas y ANID podrá o no autorizar.
En el caso de los datos experimentales, mucha de la información que podría compartirse se registra en cuadernos de laboratorio -tal y como se hacía hace 50 años- por lo que se requerirá de una transformación de las formas de trabajo de los investigadores. Cuánto detalle se compartirá tampoco queda establecido. La política se enfrenta también al desafío de resguardar los datos sensibles. Deberá conversar con la ley de protección de datos, actualmente en discusión, proyecto que no está aprobado y que viene a reparar una legislación considerada insuficiente por los especialistas. No compartimos los mismos conceptos, quedó en evidencia en las discusiones y ruptura de la mesa de datos convocada por el gobierno para enfrentar la pandemia. ¿Qué debe o no protegerse? Depende de muchas aristas.
Estoy convencido que el conocimiento generado en nuestras instituciones y especialmente aquel financiado con fondos públicos debe estar disponible para todos. El conocimiento es una construcción colectiva que permite desarrollo en la medida que este permea a la sociedad. Las restricciones a su acceso sólo generan sociedades más ignorantes y segregadas.